abc - 12 hours ago

Los agentes sorprendieron en Córdoba a dos individuos con una furgoneta repleta de paquetes con picadura de tabaco listos para su envío a domicilio en la capital cordobesa en 2021. La Fiscalía ahora pide para estos dos acusados a los que atribuye un delito de contrabando por dedicarse a la distribución ilegal de tabaco picado mediante empresas de mensajería tres años de cárcel para cada uno. Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso ABC, la red fue desmantelada tras la incautación de unos 200 kilos de tabaco listos para su envío en paquetes de uno, dos y cuatro kilos. Los procesados, según el Ministerio Público, se dedicaban a recibir tabaco en bruto que posteriormente picaban y empaquetaban para su venta. Los pedidos se enviaban a los compradores a través de distintas empresas de paquetería utilizando un nombre comercial inexistente como remitente, que no figura en los registros de la Agencia Tributaria ni dispone de CIF. Uno de los acusados figuraba como responsable de los envíos y había abierto una ficha de cliente en una empresa de transporte , indicando una cuenta bancaria a su nombre para recibir los pagos . El grupo utilizaba un vehículo alquilado para trasladar los paquetes hasta las instalaciones de mensajería, donde se imprimían las etiquetas con los datos introducidos previamente por los propios acusados. Durante la operación, reza en el escrito del fiscal, las autoridades interceptaron a uno de los implicados en el momento en que transportaba 78 bultos con un peso total de 198 kilos de tabaco picado. En el mismo lugar se localizó un paquete devuelto de dos kilos, lo que elevó el total a 200 kilos de tabaco valorados por la Agencia Tributaria . Posteriormente, los agentes intervinieron otros paquetes devueltos con un peso adicional de doce kilos. En total, se incautaron 212 kilos de tabaco y 6.540 euros procedentes de reembolsos por las ventas. Según la Fiscalía, los acusados eludieron el pago de impuestos especiales sobre las labores de tabaco , derechos de importación e IVA, causando un perjuicio económico al Estado de varios miles de euros. El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de contrabando y reclama para cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión. El caso será juzgado próximamente en el Juzgado de lo Penal 5 de Córdoba.

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