abc - 24 hours ago

El pasado mes de junio, el Parlamento Europeo aprobó una actualización de la normativa de la Unión Europea sobre el abuso sexual infantil para adaptarla a los avances de la tecnología para proteger y reforzar el apoyo a las víctimas. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP en el Parlamento Europeo celebró este hito, pero también alertó que los «menores son cada vez más vulnerables y hasta ahora la respuesta ha sido defectuosa, desigual e insuficiente». ¿Por qué? ¿Qué es lo que le resulta insuficiente? Ha habido avances parciales en recomendaciones, pero lo que falta es una norma europea general para la prevención y la lucha contra los contenidos de abuso sexual infantil. Esto es esencial. Justo hace ya dos años el Parlamento Europeo hizo su informe y estableció su posición, pero el Consejo Europeo, es decir, los Estados miembros, no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una posición común que nos permita negociar ese reglamento. Estamos hablando de un asunto muy urgente, ¿qué es lo que impide esa puesta en común? Pues, lo cierto es que en los últimos dos años ha habido seis presidencias distintas y ninguna ha sido capaz de sacar adelante una posición común. Es verdad que es un tema muy complejo desde el punto de vista técnico y que, además, los debates dentro de cada país son distintos. En España tenemos un gran nivel de consenso sobre lo que hay que hacer, pero en otros países no es así. En general, lo que se plantea es el equilibrio entre la protección de los menores y la salvaguarda o la garantía de derechos fundamentales para que la protección de los menores no implique un impacto excesivo sobre lo que puede ser el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos, al secreto de las comunicaciones. Es una operación jurídica complicada, tanto desde el punto de vista técnico, legal, como desde el tecnológico. Hay que ver qué tecnologías se pueden utilizar para detectar y luchar contra esos contenidos en la red y para eliminarlos. Pero lo cierto es que por unas razones o por otras, los Estados no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Mientras, esto sí que hay que decirlo, el Parlamento consiguió un acuerdo unánime sobre su posición en relación con este tema. Nosotros, desde el Parlamento, estamos instando a los Estados a que se pongan de acuerdo porque realmente la situación se está agravando y está empeorando. ¿Cuáles serían las líneas prioritarias para empezar ya a abordar esta situación? Lo fundamental es que todos, todas las plataformas y todos los proveedores de servicios de Internet en la Unión Europea, hagan, con carácter obligatorio, una evaluación del riesgo de sus servicios a estos efectos. Es decir, no es lo mismo el riesgo que tiene un chat con el gestor de la cuenta corriente en el banco, que el asociado a un videojuego, una página de citas... Primero, lo que deben hacer es analizar el riesgo. Segundo, que en función de ese riesgo, de acuerdo con las autoridades nacionales, establezcan medidas adecuadas para limitar al mínimo ese riesgo. Tercero, que esas medidas sean actualizadas, y cuarto que si esas medidas no resultan, se acuda a un procedimiento judicial y que sea un juez el que establezca medidas adicionales de control más intensas a esa determinada aplicación y, por supuesto, de las plataformas y los proveedores de servicios que tienen que hacerse cargo de lo que es la detección para mantener la limpieza de sus servicios. Por lo tanto, detectar los contenidos de abuso sexual, eliminarlos y comunicar a las autoridades competentes que hay ese tipo de material. ¿Cómo es la relación con las plataformas? Hay plataformas que están colaborando y hay otras que, sin embargo, se han desentendido completamente de este asunto. ¿Por cuestión económica? Efectivamente. Entienden que esto afecta a su modelo de negocio. Pero las que colaboran, aplican tecnologías para la detección de ese tipo de material y cancelan cuentas que pueden resultar sospechosas. Pero como hay otras que no parecen dispuestas a seguir este ejemplo, lo que nosotros queremos no es un sistema de cooperación voluntaria, sino un sistema obligatorio en el que todas las plataformas que ofrezcan servicios dentro de la Unión Europea tengan que analizar sus servicios y el riesgo que conllevan. ¿Hay también alguna acción directa contra estos depredadores sexuales? Ahí esta la respuesta penal. Nosotros queremos establecer las obligaciones de control de los contenidos que tienen las plataformas. De ahí se deriva la información a las fuerzas de seguridad y son ellas y las autoridades judiciales las que emprenden una investigación de acuerdo con el Código Penal de cada país. Lo que sí es muy importante es que esa información se produzca desde las plataformas a las autoridades como Europol o las autoridades nacionales. ¿Por qué? Porque una información bien hecha, de calidad sobre los contenidos de abuso sexual puede decir muchas cosas. Puede ayudar a la identificación de los perpetradores a través de formularios de reconocimiento, a identificar a las víctimas y a que se impidan nuevos abusos. ¿En qué situación está España respecto a nuestros vecinos europeos en este asunto? Desde el punto de vista de la tipificación penal estamos bien, también respecto a la colaboración con ONGs, sector privado, fundaciones, en la lucha policial... Creo que tenemos unas fuerzas de seguridad y judiciales muy activas en este terreno. En general hay un consenso bastante amplio, cosa que no existe en otros países europeos. El problema es que las respuestas a nivel nacional son insuficientes. Es decir, no será eficaz una respuesta fragmentada, debe haber una respuesta europea. Habla de prevención, de actuación, pero ¿qué importancia se le concede a la protección de las víctimas?, ¿de qué manera se está trabajando para protegerlas? Las víctimas son, en cierto modo, las grandes olvidadas. En parte también porque es un tipo de agresión del que a las víctimas les cuesta mucho hablar. Cuando yo he tratado con ellas, porque son fundamentalmente mujeres, las hay que están dispuestas a dar su testimonio para que se tome conciencia del problema. Pero también hay quienes me cuentan individualmente su experiencia y sienten que se ha producido la destrucción moral y psicológica de su persona. Hay que respetarlas, por supuesto, en los dos casos, pero tenemos que avanzar mucho en la protección de las víctimas, empezando por la propia retirada de ese material. Hay materiales de abuso sexual cometido contra niñas de ocho años y que al cabo de 20 años siguen estando ahí. Es algo que a las víctimas les produce muchísimo pánico porque cuando tienen 30 años ya han rehecho su vida, incluso han podido casarse, tener hijos... y que de repente vuelven a parecer esas imágenes circulando. Es francamente duro. ¿Qué le diría a los jóvenes, a estas niñas y adolescentes que publican en redes sociales vídeos en los que se muestran sugerentes, insinuantes, que se exhiben sexualizando su imagen? Yo creo que hay un gran reto desde el punto de vista de la educación. Hay que empezar por recuperar un cierto sentido de la privacidad. Actualmente vemos en las redes sociales cómo las personas se despiertan, desayunan, se ponen la ropa que eligen para salir cada día, si van en coche o en metro... Es decir, hemos abierto con naturalidad la puerta de nuestra casa para que todo el mundo asista a nuestra vida cotidiana. Pero en la vida hay ámbitos, digamos reservados, privados, y, por este motivo, nadie puede irrumpir sin un permiso judicial en tu casa y, sin embargo, estamos abriendo la puerta al mundo. Eso lleva al deterioro de la sensación de privacidad. Y es grave. Además, esta situación banaliza de alguna manera nuestra propia intimidad, por ejemplo, en intercambios de imágenes que no tienen mala fe, que se producen dentro de una relación entre adolescentes o de niños, más o menos romántica, pero, claro, todos sabemos que cuando la relación se rompe, por venganza o por despecho se utilizan o se lanzan esas imágenes íntimas que acaban en manos de terceros y, en muchos casos, en páginas de pornografía, de abuso infantil. Es un tema muy importante, ya no es un problema de las plataformas, es algo en lo que todos deberíamos colaborar y ser conscientes de ello. En este momento, el 50% de las denuncias o de los informes sobre material de abuso sexual o sexualmente explícito de menores es un material que está generado por los propios menores. ¿Cómo? Pues a través de lo comentado. En el contexto de relaciones sin ninguna malicia por ninguna de las partes, que se entiende que algo natural pedir una foto de este tipo. O bien cuando hay un depredador que consigue de forma muy amable y persuasiva atraer a una niña y le pide una foto de este tipo y, cuando la consigue, el depredador ya cambia de cara, se muestra cómo es y le pide algo aún peor, como, por ejemplo: «sé que tienes una hermana y ahora quiero una foto de las dos». Y todo esto está ocurriendo en las habitaciones donde están nuestros hijos, en nuestra propia casa. Los padres deben saber que con ese ordenador o ese teléfono, en la soledad del menor encerrado en su dormitorio, puede abrir la puerta a verdaderos depredadores. Y esto ocurre en todas las clases sociales y en todos los niveles económicos porque está debidamente, investigado. En las familias se debe prestar más atención y al mismo tiempo generar una confianza suficiente para detectar cualquier sospecha de que algo raro está sucediendo y que el hijo pueda contar a sus padres lo que le está pasando desde un principio: «papá, mamá, me ha entrado un tipo que no conozco que dice que tiene 15 años, pero tiene 40». Es algo que ocurre con bastante frecuencia. Además, todo eso puede terminar en una agresión física porque al final tiene que decir dónde vive, a qué colegio va y si sus padres están en casa o no. Y a los padres que publican orgullosos fotos de sus niños pequeñitos pensando que son imágenes inocentes, ¿qué les diría? Se sorprenderían de hasta qué punto materiales que parecen inofensivos son utilizados por los depredadores. Eso no significa que no saque fotos de sus hijos en la playa o no se las manden a sus abuelos, no, no es eso, pero recuperemos un poco el sentido de la privacidad.

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