abc - 24 hours ago

El Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba sentará en el banquillo a un vecino de la capital acusado de un delito contra la ordenación del territorio por levantar en 2021 una pequeña caseta de 35 metros cuadrados en la zona El Rosal del Rubio en suelo no urbanizable, en el término municipal de Córdoba, sin disponer de licencia municipal ni autorización urbanística. Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso ABC, el procesado, propietario de una parcela de unos 1.000 metros cuadrados, construyó en noviembre de ese año una edificación de aproximadamente 35 metros cuadrados, continuando las obras al año siguiente pese a carecer de permiso. La construcción se encontraba en fase de cerramiento cuando fue detectada por los agentes de la autoridad que la precintaron. El Ministerio Público recoge en su calificación cómo la finca se ubica en un terreno clasificado como Suelo No Urbanizable de especial protección por Planificación Territorial o Urbanística, dentro de la subcategoría Vega del Río Guadalquivir, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba. Este tipo de suelo está sometido, insiste el fiscal, «a fuertes limitaciones debido a su valor ambiental y al riesgo de inundación acreditado en la zona, lo que impide cualquier tipo de edificación no vinculada a usos agrícolas o de carácter primario«. El Ministerio Fiscal considera que los hechos, por tanto, son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio. En este sentido, el fiscal en su calificación además de la pena de 1 año y 3 meses de prisión , solicita para el procesado una multa de 14 meses a razón de 10 euros diarios, con una posible responsabilidad personal subsidiaria de siete meses de prisión en caso de impago, así como la inhabilitación especial para ejercer profesiones relacionadas con la promoción o construcción de viviendas durante tres años. En el ámbito civil, la Fiscalía reclama la demolición de la caseta y la restauración del terreno a su estado original, con la retirada de los residuos que se generen, o, en su defecto, que el acusado asuma los gastos derivados de dicha restitución. En este caso, la valoración pericial que se aportaba a este procedimiento estimaba en 3.943,52 euros el coste de reposición del terreno a su estado original. Este caso por un delito contra la ordenación del territorio será juzgado en los próximos meses por el Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba.

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