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La Audiencia de Valladolid ha fijado para el día 2 de marzo de 2026 el inicio del juicio por la presunta estafa cometida en la Funeraria El Salvador , con una treintena de sesiones que se prolongarán hasta el 2 de junio, periodo en el que comparecerán cerca de 280 personas , entre testigos, peritos y los ocupantes del banquillo de los acusados. A través de una diligencia de ordenación, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha anunciado ya el calendario de este nuevo macrojuicio por la estafa funeraria investigada en el marco de la Operación Ignis destapada el 31 de enero de 2009 por la Policía Nacional y relacionada con el supuesto fraude en el Grupo Funerario El Salvador consistente en e l cambiazo de ataúdes por otros más baratos en el periodo comprendido entre 1995 y 2015. «Conforme lo acordado en la anterior resolución se convoca a las partes para el planteamiento de las cuestiones previas en los términos que se contemplan en el artículo 786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como llegar las partes (en su caso) a los correspondientes acuerdos de conformidad, para lo cual se señala el día 2 de marzo de 2026 a las 9:30 horas», tal y como precisa la citada diligencia, que fija el día 9 de marzo como fecha para el inicio de las testificales, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press. La fijación del calendario se produce después de que el tribunal sentenciador acordara reagrupar las acusaciones particulares, dado el elevado número que se había personado en la causa en representación de las víctimas de la presunta estafaa. En concreto, cada letrado acusador deberá representar a un mínimo de 54 fallecidos por un «proceso sin dilaciones indebidas» conforme al articulo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fiscalía de Valladolid solicitó un conjunto de condenas que, globalmente, se elevaban a un total de 206 años de cárcel para las 24 personas que se encuentran investigadas en la Operación Ignis . En su escrito de calificación provisional de 363 páginas, la acusación pública imputa un rosario de casi una decena de cargos , como constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil. Las penas más duras las solicitaba para mujer del empresario funerario fallecido, María del Rosario V.L, y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V, a razón de 20 años de cárcel para cada uno de ellos, junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros. Respecto del resto de trabajadores, una veintena, las penas oscilaban entre los nueve y los dos años de cárcel. Así, la acusación pública interesaba nueve años de prisión para cuatro de los encausados, seis y medio para otros nueve, cuatro años para otro de los acusados, cinco años de privación de libertad para otros cuatro empleados más y dos años para otro de los supuestos implicados. De la actividad ilícita investigada, según el fiscal, Funeraria Castellana y Parque El Salvador habría obtenido ganancias ilícitas igual al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta: por una parte, 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y, por otra parte, 381.056,14 euros en el caso de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas. Del total de 4.048.768,09 euros no consta que se haya beneficiado directamente ninguno de los trabajadores implicados en tales operaciones.

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