abc - 12 hours ago

Fermín es una persona con una discapacidad reconocida del 78%. Él, natural de Barcelona , vive en estos momentos en el Centro Ocupacional Juan de Austria, en Madrid, donde pueden darle los cuidados y atenciones que requiere. Para afrontar los costes que conlleva una situación de estas características, su primo y tutor legal, Alberto, decidió poner en venta el alquiler de un piso que tiene en propiedad Fermín. Sin embargo, según han denunciado delante de las cámaras de Telemadrid, los inquilinos llevan cinco años sin abonarle la mensualidad. Se trata así de un nuevo caso denunciado como inquiokupación . «Llevamos cinco años sin cobrar nada y ahora tengo que pagar a la abogada, al procurador, el IBI del Ayuntamiento de Barcelona, también pagar a las personas que están con él cuando yo trabajo, que no puedo hacerme cargo, darle la medicación… y todo esto con cero ingresos y todo gastos», ha dicho el familiar y tutor del afectado. Alberto ha dejado claro que el motivo de sacar al mercado la vivienda fue esa misma, poder afrontar lo que conlleva la situación de discapacidad de su primo: «El piso se puso en alquiler para que tuviese buena calidad de vida. Es decir, ese dinero es para él, a quien se lo tienen que dar es a él, no a mi». Se llegó a fijar una fecha para el desahucio de las personas que estaban inquiokupando el inmueble pero en cuestión de horas todo se complicó: «De buenas a primeras se les declaró vulnerables, porque tienen dos hijos menores, son ya adolescentes, pero se les ha declarado vulnerables y por eso llevan ya casi seis años ahí». El tutor legal de Fermín se ha mostrado frustrado ante lo que está ocurriendo: «¡Vulnerables! ¿Vulnerable quién?». Lo decía mientras miraba a su primero. «Esa gente debe vivir de ayudas, no sé, pero que trabajen y que paguen lo que tienen que pagar. Y si el ayuntamiento o la comunidad quien sea decide que no se les puede echar a la calle, pues que paguen ellos el alquiler», ha terminado diciendo Alberto. Este ha iniciado una petición en la plataforma change.org donde informa de la situación de su primo, «con una discapacidad del 78%, que lleva desde el 2020 sin recibir las rentas de alquiler». En la misma ha compartido detalles del contrato de alquiler, que tiene una mensualidad fijada de 900 euros que no reciben desde hace cinco años. «Pedimos al Gobierno y a los ayuntamientos revisar los casos de vulnerabilidad para garantizar evaluaciones adecuadas», afirma Alberto en esta iniciativa que está apoyada ya por más de 44.700 personas.

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