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La Comunidad de Madrid ha embargado dos subvenciones para personas dependientes y el fomento de la corresponsabilidad esgrimiendo un impago de 33 millones por parte de Instituciones Penitenciarias en concepto de asistencia médica a los presos en cárceles madrileñasLa batalla judicial de Ayuso contra el Gobierno encalla en los tribunales El Gobierno central y la Comunidad de Madrid mantienen abierto un enfrentamiento a cuenta de dos subvenciones en materia social que el Ejecutivo concedi a la administraci n regional y que esta no ha empleado, y ha embargado, con el argumento de que el Ministerio del Interior le debe dinero. Estas subvenciones suponen 5,3 millones del Ministerio de Derechos Sociales para adaptar viviendas de personas dependientes y otros 7,7 millones de Igualdad, correspondiente a dos anualidades de un plan para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados. El Ejecutivo de Isabel D az Ayuso ha decidido embargar las dos subvenciones esgrimiendo que el Gobierno central, en concreto la Secretar a General de Instituciones Penitenciarias dependiente de Interior le adeuda m s de 33 millones de euros por la asistencia m dica de los reclusos ingresados en prisiones de la Comunidad de Madrid. Adem s, denuncia que el Ejecutivo central ha respondido al embargo bloqueando nuevas ayudas. El Tribunal Supremo resolvi en 2019 que las atenciones m dicas deben ser sufragadas por la Administraci n central, que ejerce la competencia de Prisiones. Por otra parte, la Ley de Cohesi n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que entr en vigor en 2003, estableci que los servicios sanitarios a los reclusos deb an ser transferidos en un plazo de 18 meses a las comunidades aut nomas, y que quedaran as integrados en su sistema de salud. A d a de hoy, solo Catalunya que ya hab a asumido la competencia de Prisiones , Euskadi y Navarra cumplen con la transferencia establecida por la Ley. Madrid es una de las comunidades que sigue incumpliendo, veintid s a os despu s, con la asunci n de la asistencia sanitaria a los presos. El conflicto de la Comunidad de Madrid con el departamento que dirige Pablo Bustinduy por la subvenci n de 5,3 millones para dependientes ha llegado ya a los tribunales. La Abogac a del Estado, en representaci n del Ministerio de Derechos Sociales, ha acudido a la v a de lo contencioso-administrativo y ha solicitado la suspensi n del embargo. En el caso de las ayudas del Ministerio de Igualdad a n est vigente el plazo para una soluci n administrativa. La ayuda para la adaptaci n de los domicilios en Madrid de personas con discapacidad forma parte del Plan de Transformaci n, Recuperaci n y Resiliencia y est financiado con los fondos Next Generation, que liber la Uni n Europea para superar la crisis motivada por la pandemia de la Covid-19. La subvenci n del Ministerio a la Comunidad de Madrid ascend a a 5.389.475,42 euros y fue aprobada en 10 de diciembre de 2021. El textual recog a: Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situaci n de dependencia . Casi dos a os despu s, el 22 de noviembre de 2023, el Ministerio solicit a la Comunidad de Madrid que justificara el cumplimiento de la subvenci n para, en caso contrario y como est estipulado, iniciar el procedimiento de reintegro. El 24 de enero de 2024, Derechos Sociales recibi respuesta de la Comunidad: no hab a ejecutado los fondos y adelantaba que devolver a el monto de la subvenci n. La Secretar a de Estado de Derechos sociales hizo cuentas y le salieron 5.822.161,40 euros a reintegrar, el resultante del monto total de la subvenci n m s 432.885,98 en intereses de demora. Pasaron los meses y en el verano de 2024 todo dio un giro. El 5 de agosto de ese a o, la Comunidad de Madrid notific a Derechos Sociales que proced a al embargo de 6.524.596,91 euros. Explicaba que el Gobierno central tiene una deuda con la Administraci n regional por los servicios sanitarios prestados a las personas internas en la prisi n de Estremera (Madrid VII) entre los a os 2015 y 2019. En realidad hay dos resoluciones del Tribunal Supremo en el mismo sentido porque el conflicto se reprodujo en Andaluc a. All , a diferencia de lo que ocurri en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia la comunidad aut noma dio la raz n a la Administraci n central. El asunto era tan enrevesado que hubo un conflicto previo entre las partes sobre qu v a judicial deber a resolverlo, si la contencioso-administrativa o la de lo social. La sentencia de 2019 dictada por el Supremo dando la raz n a Madrid cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados, Nicol s Maurandi. Este magistrado se pronunci a favor de que fueran las comunidades aut nomas quienes corrieran con los gastos m dicos de los presos, siempre que estos estuvieran afiliados o resultaran beneficiarios del R gimen General de la Seguridad Social. El Ministerio de Bustinduy reaccion en el conflicto con la Comunidad con una reclamaci n econ mico-administrativa en la que advert a que, de seguir con el embargo, la Comunidad estar a causando perjuicios de imposible o dif cil reparaci n porque la subvenci n sale de una partida de los Presupuestos Generales del Estado vinculados a un hecho concreto, en este caso la aplicaci n de las ayudas. La Junta Superior de Hacienda, el rgano econ mico-administrativo de la Comunidad de Madrid, inadmiti la suspensi n del embargo. La resoluci n no entraba al fondo del asunto y se limitaba a se alar que no hay acto alguno que pueda ser objeto de suspensi n al haberse consumado ya el acto que se pretend a evitar , en alusi n al embargo. Ante esa decisi n, Derechos Sociales contact con la Abogac a del Estado para la interposici n de un recurso contencioso-administrativo contra la resoluci n de la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad. Derechos Sociales alega esta circunstancia, el hecho de que el contencioso est en los tribunales, para no pronunciarse al respecto. Es el mismo argumento que utiliza el Ministerio del Interior para abstenerse de comentar la deuda con la Comunidad de Madrid y la decisi n de sta de embargar las subvenciones de Derechos Sociales e Igualdad. La Comunidad denuncia represalias de S nchez Para el Gobierno regional, la decisi n de su Junta de Hacienda se traduce en un aval de los tribunales a la ejecuci n del embargo. Consultado por elDiario.es, un portavoz del Ejecutivo de Ayuso denuncia que los dos embargos de subvenciones por parte del Ejecutivo central le han valido una represalia del Gobierno de S nchez , que ahora bloquea el abono de algunas ayudas a la Comunidad de Madrid. Lo hace, a ade, evitando que la Intervenci n General del Estado borre como deuda regional las dos subvenciones embargadas. As constar a en los certificados de la IGAE negando la tramitaci n de ayudas y subvenciones. La Consejer a de Hacienda de la Comunidad ya ha reclamado por escrito a la Intervenci n que cese en esa postura. Por otra parte, el Ministerio de Igualdad interpuso el 27 de septiembre de 2024 un recurso potestativo contra la diligencia de embargo de los 7,7 millones del Plan de Corresponsabilidad que han sido embargados, pero no recibi respuesta de la Comunidad, seg n fuentes del departamento de Ana Redondo. Recurri entonces a la Junta Superior de Hacienda, pero esta rechaz la providencia de apremio. Consultado por elDiario.es, el Ministerio de Igualdad asegura que, de no modificar su postura en el plazo establecido, tambi n recurrir a la v a legal a trav s de la Abogac a del Estado.

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