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Feijóo acusa a Sánchez de politizar la tragedia de la dana, después de negarse a suspender el pleno en señal de luto el día del primer aniversario. La misma derecha política y judicial que defendía la instrucción de los fiscales en las investigaciones penales hoy ve un “asalto a la Justicia” en la llamada ley Bolaños, inspirada en un texto impulsado por el Gobierno de Rajoy. Junts ¿rompe? con Sánchez, pero mantiene de momento la “presencia catalana” en las empresas públicas españolas Sin filtro es un nuevo boletín exclusivo de Esther Palomera para socios y socias de elDiario.es. Suscríbete para seguirlo. Este jueves toca hablar de cinismo, de lo que la RAE describe como la desverg enza en el mentir o en la defensa y pr ctica de acciones o doctrinas vituperables . Algo que vislumbramos en tantas y tantas actitudes pol ticas. Sin ir m s lejos este mi rcoles en el Congreso, donde Feij o acusaba a S nchez de politizar la tragedia y usar a las v ctimas de la DANA, tras haber rechazado la suspensi n del pleno en se al de duelo en el primer aniversario de las riadas que se cobraron m s de 200 muertos y, adem s, guardar un silencio c mplice sobre la continuidad de Maz n al frente de la Generalitat, pese a ser un presidente acorralado por las mentiras que han desvelado en el ltimo a o las investigaciones period sticas, la instrucci n judicial y los testimonios de los familiares de las v ctimas. Hipocres a tambi n hay en algunas de las manifestaciones p blicas que se escuchan desde la derecha pol tica y judicial tras la aprobaci n en Consejo de Ministros del proyecto de Ley Org nica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales, evita que los pol ticos ejerzan la acci n popular y ampl a el mandato del fiscal general del Estado para que no coincida con el del Gobierno. La reforma, que cuenta con los dict menes favorables del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, garantiza un sistema penal moderno y m s garantista y sustituye a una ley aprobada en 1882, por lo que se convierte en la primera ley procesal penal de la democracia. Y ha sido redactada en base a diferentes propuestas elaboradas durante los ltimos 15 a os, especialmente en un anteproyecto que present el ltimo gobierno de Zapatero y cuya tramitaci n qued frustrada por el final de la legislatura. Pero tambi n ha bebido de un texto articulado del C digo Procesal Penal que otorgaba la investigaci n al Ministerio Fiscal y que sali de una comisi n impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que presidi uno de los arietes judiciales del PP, el magistrado Manuel Marchena. Recuerdas? Estuvo al frente de los juicios del proc s y en 2018 iba a controlar por detr s la Sala Segunda del Tribunal Supremo , pero se vi obligado a renunciar a la presidencia del CGPJ y del Supremo, tras la filtraci n del bochornoso whatsapp enviado por el portavoz del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid , a sus 146 compa eros de la C mara Alta y la evidencia de que era un hombre al servicio de la derecha. Las cambiantes opiniones de Marchena Precisamente Marchena fue de los primeros magistrados en salir a la palestra contra el Gobierno cuando el ministro de Justicia, F lix Bola os, llev al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley. Habl de una Justicia amenaza , de un aut ntico disparate , de una imprudencia y de un gran perjuicio al sistema judicial . Esa es su opini n en 2025. Hace cuatro a os era distinta. En este v deo de 2021 se le escucha con claridad. Fue durante su participaci n en una mesa redonda en Valencia sobre el cambio de rol judicial en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Escuchen desde el minuto 7:55 al 15:30, donde habla de una obra jur dica colosal , sostiene que el actual sistema de investigaci n no funciona y concluye que est afectado de obsolescencia, es antiguo y est superado window.marfeel.cmd.push([ multimedia , function(multimedia) { multimedia.initializeItem( yt-RG3p-HvQuak-9060 , youtube , RG3p-HvQuak , document.getElementById( yt-RG3p-HvQuak-9060 )); }]); Recuerda tambi n quien se ha convertido en uno de los faros judiciales de la derecha pol tica que en Francia no llegan al 10% los asuntos que son investigados por el juez porque en el resto de instrucciones quien interviene es el fiscal, por lo que defiende la figura del juez de garant as que prev la ya llamada ley Bola os. Y lo argumenta de este modo: Hay ocasiones en que da la sensaci n de que los jueces de instrucci n son ap ndices togados de la investigaci n. Soy firme defensor de un sistema en el que el juez de instrucci n est en una posici n distante a quien en ese momento hace acopio de los elementos de la investigaci n . Y dice a n m s en el minuto 53 de la grabaci n cuando defiende que en el derecho comparado no hay acusaci n popular y a ade que hay pocos rganos tan controlados en el proceso como el Ministerio Fiscal . Se llama cinismo. El mismo que practica un PP que, habiendo impulsado en tiempos de Rajoy una reforma con el mismo prop sito y casi id ntico articulado que el que ahora llega ahora al Congreso, sostiene hoy que se trata de un asalto a la Justicia y un intento del Gobierno de controlar la acci n penal para limpiar sin l mites las evidencias de la corrupci n de S nchez . En efecto, de aprobarse la ley, el Ministerio Fiscal dirigir a la investigaci n penal, tal y como ocurre en la mayor a de pa ses de la UE, pero se crea la figura del juez de garant as, con una funci n de garante de los derechos fundamentales de las partes y de control jurisdiccional de ciertos aspectos procesales durante la investigaci n. Y respecto a la acusaci n popular no se elimina, puesto que es un derecho constitucional. Simplemente, se limita para vetarla a los partidos pol ticos, restringirla a determinados delitos aunque s est n incluidos los de corrupci n y exigir un v nculo leg timo con la causa en cuesti n para poder ejercerla. La ley, que el martes se remiti al Parlamento para su tramitaci n, no entrar en vigor hasta el 1 de enero de 2028, ni afectar a ning n procedimiento iniciado antes de esa fecha, por lo que las acusaciones de la derecha sobre una supuesta intencionalidad para parar los procesos abiertos contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno carecen de fundamento alguno. Pero, al parecer, la independencia de la justicia solo est en riesgo cuando gobierna la izquierda. Si lo hace la derecha, no hay peligro y, adem s, al Fiscal General lo nombra el Lucero del alba. Lo dicho: vivimos en tiempos c nicos. En la pol tica y en la judicatura, donde cuatro de las siete asociaciones profesionales ya han sincronizado sus voces para alertar contra el riesgo de injerencias y echar mano de la brocha gorda para instalar en la opini n p blica y la publicada que los jueces son todos independientes y los fiscales, todos unos mandados del Gobierno porque su dependencia jer rquica les somete a la voluntad del Fiscal General. M s rotondas para los alcaldes de Junts Y si hablamos de descaro o impudor la cuesti n no se limita a la derecha espa ola. La catalana tiene su cuota al cuota porque mucho se ha hablado estos d as del alcance de la ruptura? de Junts con el Gobierno de S nchez, y muy poco de que durante la ltima performance de Puigdemont para poner distancia, nada dijo de la llamada presencia catalana que los junteros arrancaron a los socialistas en distintas empresas p blicas espa olas a cambio de sus votos. Ah siguen, de momento, ocupando cargos relevantes y muy bien remunerados en empresas de titularidad estatal, como RTVE, Aena, la Comisi n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Enag s o Renfe. Igual que los alcaldes post convergentes, que por la ma ana ven un peligro para sus intereses electorales prestar apoyo a S nchez y por la tarde piden audiencia en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que O scar Puente les financie alguna rotonda u polideportivo en sus respectivos municipios. Ya sabes: una cosa es romper, y otra renunciar a la financiaci n estatal. Soplar y sorber a la vez no puede ser.

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