eldiario - 3 days ago

La gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 es hoy un caso paradigmático de quiebra institucional y reputacional: falló la prevención, la coordinación y, posteriormente, la rendición de cuentas. Pero lo que agrava la tragedia es la persistencia del silencio Verdad, dana y Mazón en la misma frase Silencio, sombras, ocultamiento y falsedades son palabras que servir an para definir la acci n institucional del gobierno valenciano desde la cat strofe de la DANA que dej 229 v ctimas mortales y numerosos heridos en aquella tr gica tarde del 29 de octubre de hace un a o. Aquel episodio meteorol gico extremo anunciado por la AEMET con alertas rojas desde las 7:30 de la ma ana estuvo precedido desde ocho d as antes por avisos de llegada de episodios de lluvias torrenciales. Sin embargo, los sistemas de emergencia del gobierno valenciano no se activaron y la respuesta institucional fue tard a, confusa y descoordinada, todo lo contrario de lo que ha ocurrido con los temporales que azotaron el Pa s Valenci a finales del pasado septiembre y durante este mes de octubre. Esta vez s se activaron los sistemas de emergencias y se envi por telefon a con horas de anticipaci n mensajes a la ciudadan a claros y concisos: abandonen las zonas bajas y suban a plantas superiores. Estos mismos mensajes hace un a o habr an evitado todas o la mayor parte de las 229 muertes. En las alertas de estas ltimas semanas no se ha dudado sobre qui n tiene las competencias que la ley confiere de forma clara y concisa a la Generalitat Valenciana. Y el 29 de octubre tampoco hab a ninguna duda: quien diga lo contrario miente, pues el propio Carlos Maz n el 1 de septiembre de 2022, cuando a n estaba en la oposici n, en una rueda de prensa acompa ado por la portavoz del PP Cuca Gamarra, le exig an responsabilidades al entonces presidente de la Generalitat Ximo Puig por un suceso que estuvo a punto de provocar una gran desgracia cuando un tren al que nadie avis casi fue alcanzado por un incendio forestal en la provincia de Castell n. Maz n y Gamarra imputaron a Puig falta de responsabilidad, de decoro y de ejecuci n de competencias sobre emergencias que son de la Generalitat . Es evidente que en 2022 el PP valenciano y el PP nacional sab an a qui n correspond an las competencias en materia de emergencias y protecci n civil y tambi n c mo se deb a actuar. Cuando el 29 de octubre de 2024 decidieron conscientemente no lanzar las alertas, mantener su banal agenda y mofarse de quienes s las hab an activado, como la Universidad de Valencia, hipot ticamente para no crear alarma que desbaratase el jugoso puente del 1 de noviembre, estaban incurriendo en una negligencia muy grave cuyas consecuencias todos conocemos. No solo hicieron caso omiso de las alertas meteorol gicas y despreciaron la memoria de tantas riadas catastr ficas sufridas a lo largo de la historia en Val ncia, sino que ignoraron groseramente las se ales que presagiaban el desastre cuando los r os y barrancos comenzaban a desbordarse ese mismo d a por la ma ana tal y como difund an en directo la cadena auton mica de televisi n y otros muchos medios de comunicaci n, as como la recepci n de miles de llamadas al 112 pidiendo auxilio. Las comarcas tierra adentro en las cabeceras de los barrancos sufrieron por la ma ana inundaciones que requirieron la intervenci n de la UME, era cuesti n de que en pocas horas esas aguas embravecidas descendieran hasta las urbanizadas y superpobladas llanuras de inundaci n de la provincia de Valencia. Cualquier alumno de primaria lo estudia en su asignatura de conocimiento del medio. Pero, adem s, el secretario auton mico de emergencias, el investigado Emilio Arg eso, a mediod a inform telef nicamente de la alarmante situaci n de los cauces a la vicepresidenta primera del Consell y consellera de servicios sociales, Susana Camarero. La respuesta de esta, con un Maz n desaparecido fue no hacer nada, simplemente exclam un jope! si necesitas algo me lo dices y se fue tranquilamente a comer. Por la tarde, cuando ya hab a personas ahogadas y desaparecidas, se march a una gala de entrega de premios. De Susana Camarero, estrecha colaboradora durante muchos a os del condenado por corrupci n y exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, dependen las residencias de tercera edad que no fueron alertadas por nadie, en una de ellas en Paiporta murieron ahogados seis ancianos y de esta vicepresidenta tambi n dependen los servicios de teleasistencia a enfermos que tampoco recibieron ning n aviso, 37 de ellos tambi n murieron. Y si la inundaci n en vez de llegar entre las seis y las siete de la tarde hubiera llegado a las cinco, la cat strofe habr a multiplicado el n mero de v ctimas al hallarse los escolares en las aulas, pues otro personaje tan irresponsable como la anterior, el conseller de Educaci n, Jos Antonio Rovira, tampoco quiso crear alarma y mantuvo las clases en vez de suspenderlas. Mientras todo eso ocurr a el presidente de la Generalitat com a en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana sol cito a ofrecerle la direcci n de la televisi n auton mica y no se sabe qu otras cosas. Tan temeraria conducta deriv en un procedimiento judicial contra la consellera de interior y su secretario auton mico de emergencias por los delitos de homicidio imprudente dirigido, por ahora, contra los irresponsables que no activaron los sistemas de alertas que hubiesen evitado o paliado el desastre humano. El principal responsable, Carlos Maz n, seg n l mismo reconoci cuando espetaba a su antecesor ser el m ximo responsable de las emergencias, ha sido invitado por la jueza instructora a comparecer como investigado en varias ocasiones, pero por arte del aforamiento, ese privilegio negro de la justicia espa ola, de momento se est librando y puede seguir dirigiendo la estrategia de bulos y confusi n, y tambi n a alimentar los negocios de la reconstrucci n desde su despacho en el Palau de la Generalitat. Algunas de las empresas adjudicatarias de contratos de obras de reconstrucci n han estado involucradas en casos de corrupci n por la financiaci n del PP. M s de 600 millones de euros se han adjudicado directamente sin ninguna concurrencia. En esta batalla que libra Maz n por salvarse pol tica y judicialmente ha sido crucial el ocultamiento de material probatorio como los v deos que recogieron en im genes y sonido la ineptitud de los responsables de emergencias. De su visualizaci n se concluye lo que se intu a, que los valencianos estuvimos aquel d a en manos de unas malas personas de escasas luces, que ignoraban los principios m s elementales de la prevenci n de emergencias y de la din mica de las aguas torrenciales cuando llueve intensamente en las cabeceras de los r os y barrancos. En los v deos que se han conocido gracias a una filtraci n a TVE se puede observar la entrada en el edificio del 112, hacia las 8:30 de la tarde, de un Carlos Maz n que no se sabe si ven a de una reuni n, hoy por hoy clandestina, o si se acababa de levantar de la cama. Qu hizo aquella tarde m s all de las tres horas y media en El Ventorro sigue sin conocerse a pesar de que decenas de funcionarios, escoltas, conductores o personal administrativo, lo saben y callan. El ocultamiento de hechos y de materiales probatorios o su destrucci n, como el borrado de im genes de las c maras del Palau de la Generalitat aquella tarde, no solo agrava la sospecha de negligencia en la gesti n de la emergencia, sino que abre la posibilidad de que se hayan cometido delitos de encubrimiento u obstrucci n a la justicia, al haberse ocultado o retenido deliberadamente informaci n clave para el procedimiento. Asimismo, al comunicar por escrito a Les Corts que los videos que ahora han aparecido no exist an tal y como inform el actual conseller de emergencias e interior, Juan Carlos Valderrama, podr a suponer la comisi n de un delito de falsedad documental dirigido a dificultar la investigaci n judicial. Consecuentemente, m s all de las presuntas responsabilidades penales relacionadas con la negligencia en la gesti n de las alertas, es evidente que existen otras responsabilidades sobre las que hasta ahora poco o nada se ha hablado a pesar de su gravedad: se ocultaron datos y documentos relevantes para la investigaci n judicial en un mbito como es la administraci n auton mica que, como todas las administraciones p blicas tiene la obligaci n de actuar con objetividad al servicio del inter s general y con sujeci n al ordenamiento jur dico. En este contexto, los funcionarios y empleados p blicos que poseen informaci n y conocen hechos relevantes sobre lo ocurrido el 29 de octubre tienen la obligaci n de ponerlo en conocimiento de la justicia. El art culo 451 del C digo Penal castiga a quien, con conocimiento de un delito, ayuda a eludir la investigaci n, a ocultar o sustraer pruebas. Los art culos 464 a 466 agravan la pena si el encubrimiento se realiza para entorpecer la acci n judicial o destruir pruebas documentales o digitales. Asimismo, el art culo 118 de la Constituci n y el art culo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) obligan adem s a colaborar activamente con la justicia y a comunicar cualquier hecho delictivo del que se tenga conocimiento que est relacionado con la causa. Por otra parte, seg n el art culo 52 y siguientes del Estatuto B sico del Empleado P blico (EBEP), todos los funcionarios tienen el deber de colaborar con la justicia y de estar al servicio del inter s general frente al inter s particular del pol tico inepto o corrupto. Su silencio o inacci n podr a constituir falta muy grave o incluso delito si se demuestra que conoc an hechos relevantes y los ocultaron. Sospechosamente, el Consell aprob otorgar condecoraciones por los servicios prestados a escoltas y polic as que acompa an habitualmente al presidente Maz n. Algunos polic as han rechazado la recompensa. Todo huele tan mal. Si las pruebas materiales -registros de comunicaci n interna, v deos del CECOPI, correos institucionales, grabaciones de la televisi n p blica o las decenas de miles de llamadas al 112- fueron deliberadamente ocultadas o demoradas, existiendo una investigaci n abierta, estar amos sin duda alguna ante un delito de encubrimiento agravado o incluso de obstrucci n a la justicia. Pero m s all del C digo Penal, lo ocurrido interpela el fundamento mismo de la tica p blica: la administraci n no puede ser un muro para proteger a los ineptos y corruptos. La administraci n p blica y todos sus funcionarios deben constituir una estructura al servicio del Estado de Derecho, de la verdad y de la ciudadan a. Los empleados p blicos que saben lo que ocurri deben hablar. La Ley 2/2023, de protecci n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci n, refuerza el deber de colaboraci n con la justicia y protege a los empleados que revelen informaci n relevante. Cualquier funcionario o trabajador que disponga de datos sobre la infame gesti n de la DANA y su ocultamiento tiene derecho a ser protegido frente a represalias si colabora con la investigaci n o aporta documentaci n. Evidentemente, la protecci n deber solicitarse a la Autoridad Independiente de Protecci n del Informante (AIPI) que recientemente ha entrado en funcionamiento con mbito estatal. Cualquier rgano auton mico con funciones similares en la Comunitat Valenciana no ser a fiable al estar controlado por los mismos responsables de la tragedia y sus aliados, es decir por el PP y Vox. Algunos de los que han ocultado, manipulado o tergiversado documentaci n audiovisual probatoria y de inter s esencial en el procedimiento judicial, han alegado la falsa coartada de la deontolog a profesional despreciando que, en un procedimiento penal, no cabe invocarla como excusa para ocultar informaci n o pruebas. La deontolog a period stica o institucional protege el deber de confidencialidad sobre las fuentes en el ejercicio leg timo de la profesi n, pero nunca ampara el encubrimiento de un delito Por tanto, la posici n de la direcci n de la televisi n auton mica A Punt, que habr a apelado a esa deontolog a profesional para no entregar materiales audio o comunicaciones internas relacionadas con la DANA, resulta ticamente inadmisible y jur dicamente inconsistente. Una televisi n p blica sostenida con fondos de todos no puede convertirse en un instrumento de opacidad ni de protecci n pol tica. Su deber es el de garantizar la informaci n veraz y la transparencia, pero nunca reeditar los vicios estructurales de la antigua Canal 9, s mbolo de manipulaci n informativa y servilismo institucional de una poca que nos llen de verg enza. La gesti n de la DANA del 29 de octubre de 2024 es hoy un caso paradigm tico de quiebra institucional y reputacional: fall la prevenci n, la coordinaci n y, posteriormente, la rendici n de cuentas. Pero lo que agrava la tragedia es la persistencia del silencio. Un silencio impuesto por el miedo, por la Omert o lealtad mafiosa y por una mala cultura funcionarial que a n confunde la defensa de la instituci n con la protecci n de sus responsables, aunque estos sean unos presuntos delincuentes. La sociedad tiene derecho a saber las razones ocultas de por qu Maz n no orden lanzar las alertas, d nde estaban y qu hicieron los responsables pol ticos y t cnicos aquel d a, incluida la vicepresidenta Susana Camarero o el conseller de educaci n Jos Antonio Rovira. Las v ctimas, sus familias y la ciudadan a merecen verdad, justicia y reparaci n, no silencio ni manipulaci n. Desde una perspectiva de la tica p blica el silencio y las mentiras son tambi n una forma de corrupci n. La transparencia, la integridad, la rendici n de cuentas y la colaboraci n con la justicia no son opciones morales, son deberes c vicos y obligaciones jur dicas.

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