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El Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral contra un hombre de nacionalidad rumana y sin antecedentes penales, por tres delitos graves : detención ilegal, agresión sexual continuada con acceso carnal y tráfico de drogas. El escrito de acusación fue presentado ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo, que celebrará la vista este 21 de octubre, martes. Según el relato del fiscal, los hechos se remontan a marzo de 2021, cuando el acusado conoció a la víctima a través de la red social Facebook. Tras varios días de contacto, la mujer viajó desde Rumanía a Españ a para instalarse en el domicilio del acusado, situado en la localidad toledana de El Toboso. El fiscal sostiene que, a partir del 28 de marzo de 2021, cuando la víctima manifestó su intención de regresar a su país, el acusado la retuvo contra su voluntad, impidiéndole salir de la vivienda , rompiéndole el teléfono móvil y quitándole su documento de identidad. Durante esos días, el procesado le habría dirigido amenazas graves para obligarla a permanecer junto a él. Entre los días 28 y 31 de marzo, el acusado presuntamente obligó a la mujer a mantener relaciones sexuales en tres ocasiones, sin su consentimiento ni protección, amenazándola con atarla si se resistía. Finalmente, el 1 de abril de 2021, el acusado permitió a la víctima abandonar la vivienda, momento en que pidió ayuda a la Guardia Civil. Los agentes que acudieron al domicilio detectaron un fuerte olor a marihuana y localizaron dos sacos con sustancia vegetal. Posteriormente, en una inspección ocular, se intervino cannabis con un valor estimado en 27.376 euros , que, según el Ministerio Fiscal, estaban destinados a la venta o distribución. La acusación califica los hechos como un delito de detención ilegal, otro continuado de agresión sexual con acceso carnal, y un delito contra la salud pública. El fiscal pide para el acusado 16 años de prisión por la detención ilegal, 12 años por la agresión sexual y 2 años y una multa de 54.726 euros por el tráfico de drogas. Además, solicita medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante 20 años, así como una indemnización de 15.000 euros en concepto de daños morales. El escrito también interesa la destrucción de la droga incautada, la formación de pieza separada de responsabilidad civil y la adopción de medidas para proteger la intimidad y seguridad de la víctima durante el juicio, entre ellas evitar el contacto visual con el acusado y celebrar su declaración a puerta cerrada. La Fiscalía también ha presentado su propuesta de medios de prueba para la vista oral del juicio, entre los que plantea el interrogatorio del acusado y la declaración de varios testigos, incluidos seis particulares y varios agentes de la Guardia Civil, así como la intervención de peritos médicos y especialistas en biología forense para que ratifiquen y amplíen los informes incluidos en la causa.

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