abc - 5 days ago

Galicia metió este martes la directa para avanzar en la tramitación de una ley pionera que, entre otras medidas, pretende prohibir que los menores de edad compren y consuman bebidas energéticas, y que equipara los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional. «Esta ley convertirá a Galicia en un referente en Europa frente a las adicciones», auguró el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. La oposición, en cambio, ve la futura norma «ambigua», llena de «generalidades» y cree que descarga demasiada responsabilidad en los concellos para velar por su cumplimiento. El bautizado como proyecto de ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de conductas adictivas, presentado el martes por el conselleiro en el pleno del Parlamento autonómico, está concebido como una ley marco genérica, que aborda el consumo de diversas sustancias, como el alcohol y el cannabis, pero es en cuanto a los cigarrillos electrónicos y, sobre todo, en materia de bebidas energéticas donde se concentran las mayores novedades. El proyecto de ley continuará ahora su trámite parlamentario tras rechazarse la enmienda a la totalidad que presentó el BNG. El proyecto de ley limitará de forma muy notable la publicidad y promoción de las bebidas energéticas. Vetará, por ejemplo, los anuncios dirigidos a menores de edad, su publicidad en colegios, en centros sanitarios o en recintos deportivos y de espectáculos. En todos estos lugares no solo estará prohibida la publicidad de bebidas energéticas, sino también su venta. El resto de los establecimientos –por ejemplo, tiendas y supermercados– sí podrán seguir vendiendo bebidas energéticas, pero nunca a menores. Así, los locales que tengan permitido venderlas deberán habilitar «espacios claramente diferenciados para la localización de estas bebidas» y, en todo caso, deberán «estar separadas de los refrescos», recoge literalmente el texto debatido el martes. Sin embargo, la mayor novedad quizá estriba en que la ley quiere prohibir no solo que los menores compren bebidas energéticas, sino también que las consuman. Así, el artículo 37 recoge que «queda prohibido el consumo, el transporte, la tenencia o posesión de bebidas energéticas por personas menores de edad, salvo cuando el transporte, la tenencia o la posesión sean por motivos laborales». A continuación, señala que «queda prohibida la venta y el suministro de bebidas energéticas a personas menores de edad», y que los propietarios y empleados de dichos establecimientos deberán exigir a los clientes que acrediten con su carné de identidad su mayoría de edad, «salvo que sea evidente». El conselleiro citó datos de informes científicos y estudios médicos para justificar el control férreo del consumo de estas bebidas por parte de menores: «Sabemos que una sola lata de bebida energética de 250 mililitros puede contener el equivalente a dos cafés exprés, una dosis que en adolescentes puede provocar taquicardia, nerviosismo, irritabilidad, insomnio y, en los casos más graves, arritmias». En todo caso, García Caamaño sostiene que «esta ley no pretende criminalizar a la juventud, sino empoderarla», e insistió en que el espíritu de la futura normativa no es tanto prohibir como «prevenir». «Todas estas medidas irán acompañadas de educación y sensibilización para que los jóvenes y las familias conozcan los riesgos», añadió el titular de Sanidade. La oposición no ve con buenos ojos la futura ley. BNG y PSdeG coinciden en criticar las «prisas» del Gobierno autonómico por tramitarla y que, a su juicio, deposita demasiada presión sobre los concellos para velar por su cumplimiento. Montse Prado (BNG) considera que el proyecto, además de ser «una sucesión de generalidades sin presupuestos ni plazos», «criminaliza a la juventud gallega». Por eso los nacionalistas presentaron una enmienda a la totalidad, que la mayoría del PP en la Cámara autonómica tumbó. Más matices intentó introducir Elena Espinosa (PSdeG) –los socialistas no presentaron enmienda a la totalidad– porque comparten «los principios», pero no su desarrollo. «Se habla poco de prevención, educación e información, y pesan muchísimo más la prohibición, las sanciones y las multas», expuso Elena Espinosa.

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