abc - 4 days ago

Ante el aumento de la ciberdelincuencia la última memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía ha señalado respecto a Córdoba «la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de obtención y conservación de pruebas digitales en las investigaciones judiciales«, especialmente en casos relacionados con delitos tecnológicos y conductas ilícitas cometidas por menores. El Ministerio Público cordobés advierte en su Memoria de 2024 de que muchas evidencias electrónicas llegan « manipuladas o alteradas antes de su análisis, lo que dificulta la persecución penal y puede invalidar pruebas esenciales«. Córdoba es una de las cuatro provincias donde se ha detectado un incremento en los delitos por fraude que utilizan las nuevas tecnologías. Por ello, la Fiscalía recomienda «fortalecer la formación tecnológica de jueces, fiscales y agentes de seguridad, y promover el uso de herramientas digitales de certificación , como aGarante, Mailtrack o Tineye, que permiten verificar la autenticidad, trazabilidad y origen de los contenidos digitales». Estas soluciones, destaca el informe del Ministerio Público, »facilitan la acreditación de mensajes, publicaciones o imágenes compartidas en redes sociales y son esenciales en investigaciones por estafas online, suplantaciones de identidad , amenazas, acoso o difusión ilícita de material íntimo». En paralelo, la Fiscalía en su memoria constata un «ligero descenso en la actividad delictiva de menores en la provincia», con diez diligencias preliminares menos que en 2023. Aunque la reducción no es drástica, supone una estabilización tras años de repunte en los delitos cometidos por jóvenes, especialmente en el entorno digital. Los delitos más comunes entre menores cordobeses siguen siendo lesiones, hurtos y daños, junto con infracciones vinculadas al uso de dispositivos móviles —como el ciberacoso , la difusión no consentida de imágenes o la usurpación de cuentas en redes sociales—. La Fiscalía subraya la necesidad de fortalecer la educación digital y emocional en los centros educativos, y pide una mayor implicación de las familias en la prevención de estas conductas. La memoria destaca además ocho expedientes de reforma por violencia de género o doméstica en Córdoba y 13 expedientes de este tipo por agresión sexual cometidos por menores de edad. Por su parte, desde la Delegación de Mayores y Dependencia de Fiscalía hace hincapié en que hay en torno a 132 interinos en el centro penitenciario de Alcolea con discapacidad psíquica y 50 con trastorno mental lo que representa entre el 10 y el 12 por la población reclusa total. Un tema que hay que tratar a fondo, destacan.

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