abc - 4 days ago

El Pleno de la Diputación de Ciudad Real aprobó este lunes por unanimidad solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una moratoria hasta el año 2030 en la aplicación del canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua, conocido como el canon del agua . La propuesta, presentada por el Grupo Popular, pretende dar un respiro a los ayuntamientos de la provincia, especialmente a los más pequeños y rurales, para que puedan acometer inversiones en la renovación de sus redes de abastecimiento y saneamiento sin verse penalizados por el agua que se pierde debido al mal estado de las infraestructuras. Durante la sesión plenaria, la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, explicó que la aplicación inmediata del canon «está generando una grave carga para muchos ayuntamientos pequeños y rurales », por lo que defendió la necesidad de establecer «un plazo de adaptación razonable que permita a los municipios realizar las inversiones necesarias». Zarco recalcó que el objetivo de esta iniciativa es «evitar que los consistorios paguen por el agua que se pierde por causas ajenas a su voluntad y por la antigüedad de las redes». Desde el Grupo Socialista, su portavoz, José Manuel Bolaños, respaldó la propuesta y pidió que la Diputación acompañe esta medida con un «plan más ambicioso» de renovación de redes, que cifró en torno a 130 millones de euros , con el fin de reducir las pérdidas de agua en los municipios de la provincia. «La Diputación debe establecer los mecanismos necesarios para no descargar su responsabilidad sobre los ayuntamientos», advirtió, subrayando que «todos compartimos el objetivo de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las redes municipales». Bolaños reconoció la importancia del consenso alcanzado, pero pidió que «no se haga un uso partidista del canon del agua» , insistiendo en que el debate debe centrarse en buscar soluciones prácticas y duraderas. En respuesta, Zarco señaló que «ojalá desde esta institución se pudiera poner en marcha un plan de 130 millones de euros», aunque recordó que «el Ministerio de Hacienda no permite utilizar el remanente de la Diputación para este fin». El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, defendió la propuesta impulsada por el equipo de Gobierno y celebró el respaldo unánime de todos los grupos. Recordó que, aunque se pide una moratoria, «ni el Gobierno provincial ni el Partido Popular están de acuerdo con el canon del agua» , al considerar que «se trata de una doble imposición que ya grava a los ayuntamientos, puesto que pagan por la disponibilidad y la depuración del agua». Valverde insistió en que «no se puede penalizar a los ayuntamientos por las pérdidas que se producen en sus redes» y reclamó que «el cien por cien de lo recaudado se destine directamente a revertir esas pérdidas de agua en los municipios» . Añadió que la institución provincial «está haciendo un esfuerzo inversor sin precedentes», y destacó que «este año se ha puesto en marcha un plan extraordinario de obras que, junto al complementario, supone una inversión histórica a disposición de los ayuntamientos para mejorar sus infraestructuras básicas». Tras la aprobación, el presidente provincial destacó que el acuerdo «demuestra que cuando se trata de defender a los pueblos y a los alcaldes, la Diputación actúa con unidad y responsabilidad ». También pidió a la Junta «que atienda esta demanda razonable», que —dijo— «no cuestiona la necesidad de preservar los recursos hídricos, sino la forma en que se está aplicando un canon que perjudica a los municipios más pequeños». En el mismo Pleno, la Diputación aprobó además la creación de un reglamento para la prestación de servicios dentro del área de Asistencia a Municipios , una norma que moderniza y regula la asistencia técnica, jurídica y económica que la institución provincial ofrece a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño. Miguel Ángel Valverde calificó este paso como «uno de los asuntos más importantes de la legislatura», al entender que el nuevo texto «marcará un antes y un después en la atención que se ofrece a los municipios» y supondrá «un avance decisivo en la modernización de la administración provincial». El reglamento define de forma clara los procedimientos, prioridades y ámbitos de actuación del Departamento de Asistencia a Municipios, que presta apoyo en materias como contratación, gestión económica, redacción de proyectos, tramitación de expedientes o asesoramiento técnico y jurídico. Según Valverde , la nueva norma «dará seguridad a los ayuntamientos y agilidad a la Diputación» , al tiempo que «garantizará la igualdad de oportunidades entre municipios grandes y pequeños».

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