abc - 16 hours ago

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han formalizado el protocolo para que la administración autonómica gestione 13.000 viviendas y más de 300 solares en distintos estados de disponibilidad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que pertenecían a la Sareb o banco malo . El protocolo lo han rubricado, este viernes en un acto en el Palacio de la Generalitat, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Los pisos y solares los recibirá la Generalitat en usufructo por un período de cuatro años, prorrogables otros cuatro años más, y se destinarán a vivienda de protección oficial (VPO) de gestión pública de forma permanente. Entre el estado actual de estas viviendas, hay pisos alquilados, sin uso y pendientes de rehabilitar y adecuar. El Ministerio de Vivienda asegura que este modelo de cogestión del parque estatal de vivienda de Cataluña está «abierto» a otras comunidades autónomas que quieran intervenir en este mercado, según informa Ep. Illa ha asegurado durante el acto de la firma del protocolo que el Govern no dejará nada por hacer ni por explorar para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña: «Vamos a por todas en vivienda. Somos ambiciosos en política de vivienda. No dejaremos nada por hacer ni nada por explorar y no nos temblarán las piernas para tomar las decisiones que tengamos que tomar para corregir esta situación«. El presidente de la Generalitat ha defendido que la forma de hacerlo depende de la concertación entre todos los niveles de la administración, y ha considerado que el acuerdo con el ministerio es una prueba de ello: «El Govern de Cataluña tiene en este sentido, como el Gobierno de España, las ideas claras». Para ello, ve clave el papel de los ayuntamientos en ámbitos como la transformación de suelo o la concesión de licencias de obra con rapidez, así como las políticas europeas, y ha abogado por incidir en aspectos de la normativa de la Unión Europa y en la disposición de fondos comunitarios para políticas de vivienda: «Estamos trabajando en esta dirección», ha asegurado. Para Illa, el acuerdo con el ministerio para la gestión de patrimonio de la Sareb es «un paso adelante significativo y muy relevante» que va en la línea de sus políticas de vivienda, y ha valorado que era un acuerdo muy deseado y muy reclamado para la sociedad catalana, pero especialmente por los alcaldes. Según él, ha sido un acuerdo muy trabajado porque no era sencillo a nivel jurídico y administrativo: «Es un patrimonio que tiene el Gobierno de España, fruto de la crisis de la gran recesión del 2008, y que debe preservar la titularidad pública y patrimonial. Tiene unas especificidades jurídico-administrativas que no son sencillas«. Ha apuntado que se pondrán estos nuevos recursos a disposición de las políticas del Govern para «corregir la desigualdad que hay» en materia de vivienda, y ha citado otras iniciativas como el plan de construcción de 50.000 viviendas de VPO, el plan para movilizar solares para construir hasta 210.000 nuevos pisos, entre otras medidas. Por su parte, Rodríguez ha celebrado que las políticas de vivienda del Govern son «inspiradoras y lideran el cambio» para atender la principal preocupación de la ciudadanía y ha erigido al ejecutivo de Illa como el que más instrumentos está poniendo a disposición de la ciudadanía para resolver el problema de la vivienda y ha sostenido en referencia al acuerdo firmado: «Quien hace los deberes merece de un mayor acompañamiento». «Aquí están regulando el mercado del alquiler para contener sus precios, aquí están poniendo inspectores para impedir el fraude en temporada o en alojamiento turístico, aquí hay también una conversación y un diálogo permanente con la entidades municipales», ha valorado. En este sentido, ha afirmado que el protocolo firmado con la Generalitat es «un paso en la consolidación» del derecho a la vivienda en la Constitución española y ha apostado por acabar para siempre con las crisis recurrentes en materia de vivienda. «La solución pasa por la consolidación de un parque público de vivienda asequible y permanente a perpetuidad», ha agregado, que ha señalado la necesidad de que haya rigor de las administraciones públicas para revertir los daños de anteriores crisis. Así, ha celebrado que el acuerdo alcanzado va en la dirección opuesta a la respuesta a las anteriores crisis para consolidar el parque de vivienda público: «Hemos aprendido de los errores». La ministra ha detallado que son más de 44.000 viviendas en el conjunto de España y más de 2.500 suelos con capacidad para 50.000 viviendas y ha concluido que la empresa pública estatal del parque público de vivienda «va a liderar este cambio de paradigma y va a ser impulsora e inspiradora también de empresas municipales».

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