Saturday 18 October 2025
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abc - 4 days ago

El Gobierno da un mes a Madrid, Aragón y Baleares para que creen el registro de objetores al aborto y si no lo hacen las llevará a los tribunales

Un mes de plazo tienen la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares para empezar a poner en marcha el registro de objetores al aborto . Así se lo ha hecho saber el Gobierno este martes mediante un requerimiento formal. De no hacerlo, ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, el Ejecutivo llevará a las tres autonomías a los tribunales. «Tienen un mes de plazo para responder a este requerimiento y dejar de incumplir la ley», ha señalado García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pasado ese plazo, ha proseguido la ministra de Sanidad, si las autonomías hacen caso omiso el Ejecutivo tendrá dos meses para acudir a los tribunales «y que un juez les obligue a cumplir la ley». La ministra de Sanidad ha vuelto a referirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de equivocarse «por partida doble» por negarse a crear el registro de objetores . «Se ha creído que está por encima de la ley. Y la ley se cumple. Punto». El registro de profesionales objetores al aborto es una medida que establece la reforma de la ley del aborto, que impulsó Irene Montero como ministra de Igualdad en 2023. Se trata de un listado autonómico, al que solo deben tener acceso los responsables de la gestión de los centros y no debe tener carácter público, en el que figuren los nombres y apellidos de ginecólogos, anestesiólogos, médicos de familia, enfermeras y matronas que se nieguen a participar en abortos aludiendo a su objeción de conciencia. Desde que se empezó a trabajar en estos registros, colectivos médicos denunciaron su inquietud por que pusieran servir para señalar a los objetores o incluso discriminarlos en procesos de contratación o promoción. Este lunes se unía al debate la Organización Médica Colegial, que ponía el foco en que el acceso a estos listados no debe ser público y que no puede conllevar ningún tipo de sanciones ni discriminación hacia los profesionales. (Noticia en ampliación)


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