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«Durante más de dos décadas, ha sido el Gobierno de Castilla-La Mancha quien ha asumido la negligencia y la falta de recursos de muchos ayuntamientos en cuanto a abastecimiento y depuración de agua», ha señalado Gómez. En este contexto, la consejera ha justificado que la decisión de implementar este canon en la comunidad responde a la «necesidad de seguir apoyando a los municipios en la gestión del ciclo integral del agua». El canon, que se basa en el principio de «quien contamina paga», tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre el costo real del uso del agua, tanto en términos de su disponibilidad en cantidad y calidad, como de la necesidad de devolver parte del agua no consumida a los cauces naturales, lo que requiere de importantes infraestructuras. Gómez también ha recordado que, en los últimos diez años, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 959,5 millones de euros en infraestructuras hidráulicas relacionadas con la depuración y el abastecimiento de agua. «Estos esfuerzos han permitido que el Gobierno regional gestione 11 sistemas de abastecimiento en diversas localidades que no cuentan con los recursos para hacerlo por sí mismos», ha añadido. Además, se han establecido medidas y ayudas para la mejora de infraestructuras en municipios con menos de 20.000 habitantes, con el fin de reducir las pérdidas de agua en los sistemas de abastecimiento. A través de estas ayudas estatales, 90.000 personas de 144 municipios de la región se están beneficiando de estos programas de modernización. La consejera ha destacado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no cobra a los ayuntamientos por las infraestructuras hidráulicas que les proporciona. «En el resto de las comunidades autónomas, cuando una administración regional se hace cargo de la inversión, cobra por ello, incluyendo la amortización. Aquí, en Castilla-La Mancha, solo cobramos el canon de depuración y el canon de aducción, que corresponden a los gastos de gestión y mantenimiento», ha subrayado. En este sentido, ha recordado que el sistema de canon del agua en Castilla-La Mancha también está diseñado para proteger a los pequeños consumidores y a aquellos más necesitados. A través de los nuevos presupuestos para 2026, se incrementará el número de bonificaciones y exenciones disponibles para los ciudadanos y las empresas de la región, lo que reafirma el compromiso del gobierno regional con la justicia social en la gestión del agua. En relación a las críticas del líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, sobre la posible derogación del canon DMA, Gómez ha manifestado que «es imposible mantener las infraestructuras necesarias sin los recursos adecuados». Ha añadido que, en el primer año de recaudación, se prevé obtener unos 15 millones de euros, de los cuales ya se han recaudado cerca de la mitad. «Si el canon se aplicara en su totalidad, podríamos alcanzar hasta 70 millones de euros en recaudación, lo que demuestra que todavía estamos lejos de una presión fiscal insostenible», ha explicado. Asimismo, ha enfatizado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha creado una oficina de asesoramiento para los municipios, que ya está en funcionamiento con la asistencia técnica de una empresa especializada, lo que facilita la implementación del canon. Finalmente, ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de seguir apostando por la mejora de las infraestructuras hidráulicas y de continuar apoyando a los municipios. «Somos la única región que devuelve a los ayuntamientos un porcentaje significativo de lo recaudado por el canon, y no solo el 25%. Vamos a seguir aumentando este apoyo, especialmente en los municipios con menos de 5.000 habitantes», ha concluido. Para el diputado del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Antonio Lucas Torres, ha denunciado el «sablazo fiscal» que supone el canon del agua impuesto por el Gobierno de Emiliano García-Page, afirmando que esta medida representa una carga injusta para las familias, autónomos, empresas y, especialmente, para los ayuntamientos de la región. Torres ha calificado el canon del agua como un «impuesto verde» que se disfraza de medida medioambiental y sostenible, pero que, en realidad, es una «carga fiscal encubierta». Según el diputado, los 919 municipios de Castilla-La Mancha, tanto grandes como pequeños, están siendo víctimas de un «espolio legalizado». «Este canon les obliga a pagar no solo por el consumo de agua, sino también por las pérdidas en sus redes de distribución, que en algunos casos superan el 50% o incluso el 60% del caudal total», ha indicado. Lucas Torres ha subrayado además que, en muchos casos, los ayuntamientos también deben asumir el pago de impagos de recibos menores de 60 euros, y que la gestión y recaudación del canon implica un coste adicional del 4%, que, según su denuncia, «no es para los municipios, sino para el gobierno regional». El diputado del PP ha hecho hincapié en la injusticia que supone esta medida, especialmente para los municipios más pequeños, que son los que enfrentan mayores dificultades para gestionar sus infraestructuras hidráulicas y depuradoras. Además, ha subrayado que este impuesto no solo afecta a las familias, sino también a los autónomos y empresas de la región, que ven incrementados sus costes de producción debido a un «canon injusto e ineficaz». Torres ha finalizado su intervención señalando que el Partido Popular está comprometido con la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y exigirá la derogación del canon del agua, que considera un «impuesto injusto» que solo sirve para «engrosar las arcas del Gobierno regional sin ofrecer soluciones reales a los problemas de abastecimiento y depuración de agua en nuestra comunidad». Por su parte, el diputado de Vox, Francisco José Cobo, ha hecho una fuerte crítica al modelo de gestión del agua en la región, denunciando que este tributo, lejos de ser una medida para promover la sostenibilidad, ha acabado siendo un «mecanismo de aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos». En su discurso, Cobo subrayó que «el agua no es un bien económico más, es un recurso esencial para la vida, la agricultura, el desarrollo rural y la economía de la región». En este sentido, argumentó que gestionar este recurso de manera responsable no debe traducirse en nuevas cargas fiscales que agraven aún más la situación económica de las familias y el tejido productivo de Castilla-La Mancha, sino en una inversión efectiva en infraestructuras y un compromiso con la eficiencia. El diputado de Vox destacó que el «impuesto por el uso del agua», tal como se está aplicando, no responde a un servicio recibido, sino a una figura fiscal destinada a penalizar el consumo, incluso el uso doméstico responsable. «No tiene sentido penalizar el consumo básico de agua en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo. Este impuesto convierte al ciudadano en responsable de los fallos estructurales del sistema de gestión hídrica, de los cuales, quienes ostentan el poder son los verdaderos responsables», aseguró. El parlamentario de Vox también denunció la falta de transparencia en el destino de los fondos recaudados por este impuesto. Según explicó, gran parte de estos recursos se integran en capítulos generales del presupuesto sin una trazabilidad clara, incumpliendo el principio de especialidad cualitativa establecido por la ley. Cobo subrayó que el futuro del sistema hídrico de Castilla-La Mancha debe basarse en la eficiencia y la inversión real en infraestructuras. «No podemos seguir tirando del bolsillo de las familias para financiar un sistema que no funciona. La alternativa no pasa por más impuestos, sino por una reforma integral en la gestión del agua que combine la reducción de costes con la responsabilidad administrativa», afirmó. En este sentido, el diputado de Vox propuso cuatro medidas clave para mejorar la gestión hídrica en la región: transparencia presupue refuerzo de la inversión y el mantenimiento prev coordinación administrativa y promoción del uso inteligente del agua: En lugar de sancionar, deben establecerse incentivos para el ahorro, la modernización de regadíos y la reutilización de aguas residuales. Cobo concluyó su intervención señalando que «la gestión del agua debe ser una prioridad estratégica, no una herramienta de imposición fiscal. Solo con inversión real en infraestructuras y una política hídrica moderna y eficiente podremos garantizar el futuro del agua en nuestra región y el bienestar de sus ciudadanos».

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